La efectividad de las pruebas penales obtenidas en el marco de la futura normativa europea relativa a la obtención y conservación de pruebas electrónicas

Abstract

La misma realidad virtual que, en no pocos casos, nos ha servido de tabla de salvación durante los meses de confinamiento que ha sufrido la humanidad en tiempos del COVID-19, y que nos ha permitido comunicarnos con nuestros seres queridos, y para obtener servicios y bienes que de otra forma era imposible adquirir, está dificultando de forma inquietante la investigación y persecución penal del delito y, de forma específica, la obtención de pruebas cuando las mismas se encuentran almacenadas por proveedores de servicios radicados en países no pertenecientes a la UE. La formulación de instrumentos jurídicos a nivel europeo, curiosamente pensados en una era pre COVID, puede servir para paliar estas dificultades de obtención de pruebas de un delito de naturaleza transnacional. En este artículo se analizan las ventajas de dicho diseño, pero también se pone de manifiesto las deficiencias que, en caso de no ser tenidas en cuenta por el legislador europeo, puede dar al traste con la finalidad para la que están previstas.

The internet served as a powerful lifeline in COVID-19 imposed lockdowns around the world, allowing for communication with loved ones, as well as for the acquisition of goods and services that would have otherwise been impossible to obtain. At the same time however, and rather worryingly, investigation and prosecution of crime is hindered by a lack in sharing of evidence stored by service providers in non-EU countries. The formulation of legal instruments at the European level, interestingly designed in a pre-COVID era, can serve to alleviate these difficulties in obtaining evidence of a crime of a cross-border nature. This article analyzes the advantages of such regulations, but also highlights the shortcomings that, if not considered by the European legislator, can ruin the purpose for which they are intended.