Las mujeres como sujeto constituyente: la crisis de los 40 ante la reforma constitucional

Abstract

El 6 de diciembre de 2018 la Constitución española cumplió 40 años. Una fecha clave para pensar y repensar el texto constitucional desde la óptica de las mujeres como sujeto constituyente. Por tanto, desde las experiencias y vivencias de las mujeres ante el pacto de convivencia social. Y es que tras 40 años de vigencia constitucional en donde el modelo normativo de lo humano se ha venido desarrollando haciendo abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos y de sus implicaciones en la organización socio/sexual de la realidad, el momento actual requiere del reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes - sin necesidad de que uno sea el modelo del otro-. El momento actual demanda una redefinición del sujeto 'persona' y una resignificación de la categoría 'sexo' como hecho biológico que implica diferencia mutua entre los sujetos sin necesidad de que exista un patrón de referencia al que haya que adaptarse o en el que haya que encajarse. Y todo ello pese a los avances normativos y jurisprudenciales en materia de igualdad de mujeres y hombres. En este punto, conviene significar cómo la celebración del cuadragésimo aniversario de la norma suprema no ha sido algo anodino. Máxime porque ha permitido echar la vista atrás y revisar críticamente los avances sociales (y no solo) conseguidos y los retos todavía pendientes. Obviamente, toda revisión crítica exige que se lleve a cabo valiéndose del ‘género’ como categoría de análisis jurídico y, por ende, constitucional si se quiere evitar que el texto constitucional entre en la llamada ‘crisis de los 40’. Un concepto de ‘crisis de la mediana edad’ conceptuada por autores como Erik Erikson (1968) y otros y a partir del cual se ha acuñado la idea de un cierto estancamiento de proyecto vital. De ahí la necesidad de revitalizar y renovar el consenso constitucional desde una óptica integradora con el sentir social y vivencial de las mujeres y, por ende, de la sociedad en general. Y todo ello a fin de garantizar, entre otros, (1) el reconocimiento constitucional de la paridad, (2) el derecho a una vida libre de violencia de género y (3) la fundamentalidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos.