El despido del trabajador extranjero en situación irregular

Abstract

Como es sabido, el régimen de intervención administrativa que la legislación de extranjería viene instaurando desde antiguo para regular la entrada y permanencia en España de ciudadanos extranjeros no comunitarios restringe ostensiblemente el derecho de estos a aceptar libremente ofertas de trabajo en nuestro país para desarrollar una actividad laboral retribuida por cuenta ajena. El carácter de ius cogens de las normas contenidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (RCL 2000, 72, 209) , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) no solamente impide sino que también sanciona en vía administrativa la prestación de servicios laborales por parte de trabajadores extranjeros carentes de la preceptiva autorización de residencia y trabajo, situando fuera de la órbita de la legalidad este tipo de relaciones laborales. Con todo, ello no implica que nuestro legislador sea ajeno a la realidad social en la que se desencadenan este tipo de prestaciones de trabajo, muy propicia al sometimiento del trabajador a abusos empresariales frente a los que las sanciones administrativas se antojan harto insuficientes para su contención. El vigente art. 36.5 LOEX representa una clara muestra de dicha sensibilidad legislativa, al reconocer al trabajador extranjero, pese a la irregularidad de su situación administrativa, ciertos derechos laborales con el propósito de colocarle dentro de cierta esfera de protección jurídica y social. Como se va a ver en el presente estudio, entre dichos derechos se encuentra, sin duda, la protección jurídica frente al despido sin causa cuyo alcance, sin embargo, suscita diversos interrogantes. Aparte del problema clásico de la validez o nulidad del contrato del trabajador extranjero no autorizado, sobre el que existe disparidad de criterios doctrinales y jurisprudenciales, debe plantearse también cuál de las causas de extinción del contrato de trabajo, previstas en el art. 49.1 ET (RCL 1995, 997) , podría, por hipótesis, justificar el despido del trabajador con fundamento en la carencia por éste de la preceptiva autorización de residencia y trabajo. Junto a ello, debe detenerse también la atención en los efectos aparejados a una eventual declaración de improcedencia o de nulidad del despido, pues la irregularidad de la situación administrativa del trabajador parece hacer inviable el restablecimiento del vínculo laboral a través de su readmisión.