El gobierno económico de la Unión Europea y los principios de justicia del gasto público en una hacienda plural

Abstract

A partir de 2011 se ha reforzado el gobierno económico de la UE a través de seis instrumentos legislativos, el llamado Six Pack, que supone fundamentalmente una reforma de la supervisión de la política presupuestaria de los Estados miembros. Más recientemente el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de UE de marzo de 2012 (TECGUE) establece un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario; a reforzar la coordinación de sus políticas económicas; y a mejorar la gobernanza de la zona del euro. En el presente trabajo se analiza si este modelo basado en una estricta disciplina presupuestaria es compatible con los postulados del Estado social, y más concretamente con los principios de justicia del gasto público. En efecto, a partir de la reforma del art. 135 de la Constitución Española, el principio de estabilidad presupuestaria debe ser interpretado coordinadamente con otros principios constitucionales que en el momento presente están plenamente vigentes y pueden adquirir una nueva función: la de actuar como límite y medida del objetivo de estabilidad presupuestaria. Del mismo modo se analizan los principios de coordinación entre las políticas presupuestarias y de endeudamiento de los Estados miembros en un Estado con una pluralidad de Haciendas, como es el caso español.

From 2011 onwards, the Economic Governance of the EU on the Member States has been strengthened through six main instruments of legislation, the so-called Six Pack, which is primarily a supervision reform of the Member States budgetary policy. More recently Treaty on Stability, Coordination and Governance of EU from March 2012 (TECGUE) establishes a set of rules aimed to promote the budgetary discipline through a fiscal pact, to strengthen the coordination of their economic policies and to improve governance within the euro area. In this paper we analyze whether this model based on a strict budgetary discipline is well-matched with the tenets of the welfare state, and more specifically with the public spending principles of justice. Indeed, since the reform of art. 135 of the Spanish Constitution, the principle of budgetary stability should be interpreted in coordination with other constitutional principles which at present are in full force and can acquire a new role: to operate as a boundary and a extent of the budgetary stability objective. Similarly, principles of coordination between the General Government Debt and Budgetary Policies of the Member States within a state with a plurality of Public Finances, such as the Spanish case, have been also analyzed.