Cuestiones problemáticas derivadas de la apreciación de indicios de delito contra la Hacienda Pública

Abstract

Tras efectuar unas consideraciones generales sobre el Título VI de la Ley General Tributaria, nacido para acompasar esta norma a lo dispuesto en el Código Penal a resultas de la reforma operada por la LO 7/2012, realizamos un exhaustivo análisis de las consecuencias derivadas de la apreciación de indicios de delito en los distintos procedimientos tributarios. Nuestro estudio aborda, en primer término, las cuestiones problemáticas suscitadas en el seno del procedimiento inspector, donde rige el paralelismo procedimental, no impidiéndose la continuación del procedimiento administrativo pese a la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o envío del expediente al Ministerio Fiscal. La denuncia penal, no paraliza, por tanto, el proceso de liquidación. Es más, la normativa en vigor contempla la posibilidad de dictar dos liquidaciones, una vinculada y otra no vinculada al delito, respecto de las cuales diseña un distinto régimen de tramitación y recursos, que estudiamos detenidamente con vistas a detectar inconsistencias y proponer soluciones de mejora. Entre los aspectos controvertidos sobre los que nos pronunciamos (complejidad derivada de la aplicación práctica de la simultaneidad procedimental, dificultad en la delimitación de los elementos vinculados o no al delito, consecuencias de la inadmisión de la denuncia o querella con retroacción de actuaciones al momento anterior al que se dictó la propuesta de liquidación vinculada al delito, cuantificación de las cuotas derivadas de dichas liquidaciones, etc.) destaca la irrecurribilidad de la liquidación vinculada al delito, que no es susceptible de recurso ni en vía administrativa ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que a nuestro parecer podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como derecho al juez natural, que no es sino el competente por razón de la materia. En apoyo de esta tesis se esgrime lo declarado por el Consejo de Estado en su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley. Asimismo, sostenemos que una segunda quiebra del derecho de defensa podría producirse como resultado del alargamiento de la fase pre-procesal, susceptible de vaciar de contenido el derecho a no autoincriminarse, proclamado en el artículo 24.2 CE y reconocido normativa y jurisprudencialmente -TEDH- a nivel internacional. En este punto fundamentamos nuestra postura y la reforzamos con el Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley. De igual modo, analizamos la relación entre el proceso por delito fiscal y el procedimiento tributario de recaudación, posicionándonos sobre el contenido de los distintos preceptos que disciplinan esta materia y que implica necesariamente conciliar dos ordenamientos distintos, el penal y el tributario. Por último, antes de recapitular y exponer las conclusiones alcanzadas, examinamos la compatibilidad, conforme al sistema vigente, entre el procedimiento sancionador tributario y el proceso penal, ámbito en el que no procede efectuar reproche jurídico alguno en la medida en que se respeta el principio non bis in idem que debe siempre presidir el ejercicio del ius puniendi.