¿Hacernos los suecos? La prostitución y los límites del Estado

Abstract

El ejercicio de la prostitución en España es una actividad de dudosa calificación jurídica. Si bien no constituye un delito, la prostitución no se encuentra legalmente amparada pues se estima que el contrato mediante el cual se intercambia sexo por dinero es nulo por ser la causa contraria a la moral. Ello provoca que la relación entre la prostituta y los intermediarios de su actividad (comportamiento éste que sí es delictivo) no pueda quedar amparada por el Derecho laboral. Dicho marco jurídico es, con matices, el del reglamentarismo, uno de los modelos normativos que, junto con el prohibicionismo y el abolicionismo, han disciplinado históricamente la actividad de las prostitutas. El prohibicionismo y el abolicionismo son las manifestaciones de un Estado perfeccionista que no se toma en serio el valor de la autonomía personal de aquellas mujeres que, consciente y competentemente, desean recibir una contraprestación por sus servicios sexuales, de la misma manera que otros muchos individuos venden su fuerza de trabajo empleándose en oficios que también pueden estimarse penosos o indignos. En este trabajo se defiende, frente a los anteriores modelos, una forma de «reglamentarismo reforzado» que propugna, en esencia, la laboralización de la prostitución —con los matices propios del ejercicio de una actividad que es en todo caso «especial»— en aras a la mejor protección de los intereses de las mujeres prostitutas.

Although not a crime, prostitution in Spain is not a legally protected activity. According to the Spanish Civil Law, the contractual relation between the prostitute and the client is null and void because of its immorality. Therefore, it is also inconceivable as a job under our current Labour law. This legal framework is known as «reglamentarismo» as opposed to «abolicionismo» and «prohibicionismo», both of which are the proper outcome of a perfectionist State which does not take women’s personal autonomy seriously. In this paper I defend that not all prostitution is «forced prostitution» and that we should not foreclose the possibility of there being women who freely sell their sexual services. In such cases I defend a «new» form of «reglamentarismo», which, in essence, advocates for the widening of the extent and scope of the Spanish worker’s legal rights to cover the prostitute’s activity in order to better protect his or her interests.