La atención a las víctimas de trata de seres humanos. Un análisis crítico del protocolo marco español desde una perspectiva comparada

Abstract

Introducción. En este artículo se explora el sistema español de protección a las víctimas de trata de seres humanos, prestando especial atención a los mecanismos establecidos para la identificación y la intervención con las víctimas. Para ello, analizamos los protocolos vigentes en España, y los comparamos con los aprobados en otros países europeos. El objetivo fue detectar los problemas relacionados con la aplicación de los protocolos, así como las deficiencias en el sistema español de atención. Concluimos con recomendaciones de mejora. Método. Se realizó un análisis de contenido de material documental. La muestra integró documentos y sitios web específicos que abordaran la intervención con víctimas de trata en España y en otros cinco países europeos: Italia, Portugal, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. Se seleccionaron dos tipos de fuentes: gubernamentales, con información acerca de los procesos y mecanismos de atención a las víctimas; y valorativas, compuestas por documentación que aportara un análisis empírico e interpretativo. Resultados. En cuanto a la identificación de las víctimas, España presenta dos déficits. El primero hace referencia al hecho de que el proceso de identificación es asignado exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). El segundo se refiere a la falta de iniciativas proactivas para identificar a las víctimas que no están incluidas en la tipología de explotación sexual. A este respecto, destacamos los mecanismos existentes en el Reino Unido y Portugal. En el modelo británico, cabe mencionar el Mecanismo Nacional de Referencia, dado que es el instrumento estratégico que coordina las acciones relacionadas con esta fase. El modelo portugués, por su parte, se caracteriza por una estrategia de organización regional. En cuanto a la intervención social, España presenta tres debilidades. En primer lugar, la falta de recursos dedicados a formas de explotación distintas a la sexual, así como a las víctimas que no son mujeres. En segundo lugar, la actuación prácticamente en solitario de las ONG en esta fase. Por último, los operadores sociales que están en contacto con las víctimas requieren mejorar su coordinación. Dentro de esta fase, el análisis comparativo nos llevó a detectar el sistema holandés como el más significativo dado que integra una red de coordinadores de atención dentro de la administración local. Discusión y conclusiones. Se hallaron dos elementos comunes entre los países que abordan el fenómeno de una manera más integral. El primero es la activación y capacitación de un mayor número de operadores vinculados a la identificación e intervención. El segundo se vincula a mecanismos más sólidos de apoyo a la cooperación y la coordinación de las acciones. En el caso de España, el futuro protocolo debería reconsiderar el hecho de asignar la responsabilidad exclusiva de la identificación a las FCSE. En este sentido, sería aconsejable fomentar una participación más significativa de los agentes clave (servicios sociales y sanitarios, ONG especializadas, inspectores de trabajo, sindicatos). Del mismo modo, deberían especificarse los elementos operativos que son críticos para el correcto funcionamiento de la intervención con las víctimas.

Introduction. This article explores Spain’s human trafficking victim protection system, paying special attention to the mechanisms established for identification and intervention with victims. To this end, we analysed the protocols currently in force in Spain, and compared them to those approved in other European countries. The purpose was to detect the issues with the protocols’ application as well as deficiencies in the Spanish system of victim assistance. We conclude with recommendations for improvement. Method. A content analysis of documentary material was performed. The sample was made up of specific documents and websites addressing the subject of assistance to victims of human trafficking, in Spain and in five other European countries: Italy, Portugal, the Netherlands, Germany and the United Kingdom. Two types of sources were differentiated: government sources, establishing the basic processes and mechanisms to assist victims; and sources of an assessment type, composed of documentation offering empirical and interpretive analyses. Results. Regarding the identification of trafficking victims, Spain presents two shortcomings. The first is the fact that the identification process is exclusive to law enforcement. The second concerns the lack of proactive initiatives to identify victims who are not included within the sexual exploitation typology. In this regard, the mechanisms existing in the United Kingdom and Portugal were found to be the best. In the British model, worthy of note is the National Referral Mechanism, the strategic instrument that coordinates actions related to this phase. The Portuguese model, for its part, is characterised by a regional organisation strategy. Concerning social intervention, Spain faces three weaknesses. First, the lack of resources dedicated to forms of exploitation other than sexual exploitation and to victims who are not women. Second, NGOs act almost alone during this phase. Finally, social operators who are in contact with victims need to improve their coordination. Within this phase, the comparative analysis led us to detect the Dutch system as the most significant contributor. This latter system integrates a network of assistance coordinators into the local administration. Discussion and Conclusions. Two common components were found that allow the country systems to approach the phenomenon more comprehensively. The first component is the activation and training of a greater number of operators linked to victim identification and intervention. The second component consists of more robust mechanisms supporting cooperation and action coordination. In the case of Spain, the future protocol should reconsider the fact of assigning exclusive responsibility to the State Security Forces to identify victims. In this sense, it would be advisable to encourage a more meaningful participation of key agents (such as social and health services, specialised NGOs, labour inspectors and trade unions). In the same way, the operational elements that are critical to the proper functioning of victim intervention should be specified.