La temporalidad en la función pública local

Abstract

Este trabajo parte de la premisa de la todavía alta, aunque diversa, temporalidad en el empleo público, concretamente en el empleo público local, y se centra en dos aspectos relevantes de cara a su reducción y a la eliminación de sus irregularidades. Por un lado, la situación actual es el resultado de acontecimientos nada nuevos, es decir, crisis, restricciones presupuestarias, congelación de plantillas y, por último, procesos de estabilización del empleo temporal. Esto conlleva ofertas de empleo público y procesos selectivos de estabilización y consolidación cuyas bases deben ser normativamente rigurosas, última finalidad de esta parte del trabajo. Por otro lado, también ha sido habitual por las Administraciones públicas la utilización abusiva de las relaciones de empleo de duración determinada, con infracción del Derecho de la Unión Europea y propiciando importantes resoluciones judiciales en los últimos años. Este incumplimiento también es imputable a nuestro Derecho administrativo, o así se defiende en este trabajo, por lo que la labor de interpretación jurisprudencial alcanza especial relevancia, ya que tienen que establecer concretas consecuencias jurídicas tras la acreditación del abuso, no previstas por el ordenamiento. Consecuencias que, a pesar de su valoración global positiva, se consideran mejorables.

This paper is based on the premise of the still high, although diverse, temporality in public employment, specifically in the local public employment, and focuses on two relevant aspects in order to face the reduction and elimination of its irregularities. On the one hand, the current situation is the result of no new events, i.e., crisis, budgetary restraints, personnel freezing and, finally, stabilization processes of temporary employment. This involves offers of public employment and selective stabilization and consolidation processes, which must have normatively rigorous basis, the final aim of this part of the paper. On the other hand, it also has been usual for public administrations the abusive use of fixed-term employment relationships, with violation of the European Union law and causing important judicial resolutions in recent years. This violation of the European Union law is also attributable to our administrative law, or so it is argued in this paper, so the work of jurisprudential interpretation has special relevance, because they have to establish specific legal consequences after the accreditation of abuse, not provided by the legal system. Consequences which, despite its positive overall assessment, it is estimated that they have to improve.